Gracias a todas y cada una de las mujeres que, siguieron adelante con sus ideas, con sus sueños, que, buscaron las maneras de seguir dando pasos hacia su objetivo, que, no se amedrentaron por las opiniones, insultos, vejaciones de los demás, que, se vistieron de hombres, que se enfrentaron a todo aquél, a veces, hasta la muerte, que no le permitía ser...
Las políticas públicas, en la medida en que establecen una obligación de los Estados, son exigibles por parte de la ciudadanía. Hacerlas justas desde un enfoque de igualdad de género las diferencia de otras políticas e impone al Estado nuevos retos en el sentido de considerar la igualdad y la no discriminación en la práctica, reconociendo las necesidades diferenciadas y, en consecuencia, las medidas, contenidos y protecciones específicas a través de dichas políticas.
Si bien en los últimos se han alcanzado importantes logros en este ámbito, no puede ignorarse la tenaz persistencia de enormes desigualdades y discriminaciones contra las mujeres. Esto se debe, en parte, a que muchas transformaciones han sido en realidad cambios que continúan signados por la predominancia de lo masculino. Las estructuras de poder no se han modificado de manera sustancial y subsisten distinciones de género profundamente arraigadas en las sociedades de la región, que se reflejan también en las diferencias de clase, de etnia y generacionales, entre otras. El logro de mayores niveles de democracia hace necesario superar esta noción vigente de universalidad e impone establecer el reconocimiento de los derechos de las mujeres como componente fundamental de los derechos humanos, que debe ser expresado simbólica, normativa e institucionalmente. La inclusión de las demandas de igualdad de género en las políticas es así una condición esencial para avanzar en la construcción de sociedades más democráticas que permitan a sus ciudadanos ejercer sus derechos en forma plena.
Por otra parte, pretender alcanzar justicia de género implica haber incorporado la noción de que las mujeres, en cuanto sujetos, no constituyen ni una clase social ni un estatus, de modo que las injusticias de género no pueden ser atribuidas solamente a un factor, sino que incluyen tanto las injusticias económicas y la ausencia de reconocimiento de las mujeres en cuanto sujetos, como las injusticias presentes en la forma en que se organiza la acción política y la toma de decisiones, que las excluye.
Las políticas públicas que he elegido son las relativas al empoderamiento y la autonomía de las mujeres. Constituyen un requisito indispensable para el logro de la igualdad de género, además de ser parte de procesos individuales y políticos para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Ambos términos suelen ser utilizados de manera indiferenciada, aunque aluden en realidad a aspectos distintos de un mismo proceso.
Así, el empoderamiento (del inglés empowerment) se relaciona con la toma de conciencia respecto de la necesidad de modificar e impugnar las relaciones de poder entre los géneros presentes tanto en contextos privados como públicos. El concepto se instaló con fuerza en el ámbito de la cooperación internacional, como una estrategia para impulsar la participación política de las mujeres en el desarrollo.
Por último, cuando se alude al empoderamiento, se debe señalar la importancia de considerar el vínculo entre el nivel individual y la acción colectiva como condición indispensable para modificar los procesos y las estructuras que reproducen la posición subordinada de las mujeres.
Por su parte, la autonomía, entendida como “la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas”, es un factor fundamental para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en un contexto de plena igualdad. En relación con el género, la autonomía se ha definido como "el grado de libertad que una mujer tiene para poder actuar de acuerdo con su elección y no con la de otros", o lo que es lo mismo: tomar libremente las decisiones que afectan sus vidas.
Todas las mujeres. Ahondando más, podríamos decir que la sociedad en general, pues todos tenemos madre.
El rol o papel de la mujer en el cumplimiento de los objetivos señalados es esencial, como principal beneficiaria e impulsora de las medidas oportunas.
De entre los muchos existentes, podemos destacar tres:
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Manuela Carmena Castrillo, nacida en Madrid, el 9 de febrero de 1944, es una magistrada emérita y política española, que fue alcaldesa de Madrid desde junio de 2015 hasta junio de 2019. Anteriormente a su entrada en la política municipal, también ejerció de vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 1996 y 2001.
Tras abandonar la militancia en el PCE, Carmena comenzó a ejercer en la carrera judicial en enero de 1981. Ya como jueza luchó contra las «corruptelas» existentes en los juzgados y en 1986 recibió el Premio nacional de los Derechos Humanos.
"Sin feminismo no habrá un verdadero desarrollo de toda la Humanidad”. La ex alcaldesa de Madrid afirmó en Nueva York que no habría una igualdad de género, que permita a niñas y mujeres caminar seguras por las calles de una ciudad, hasta que no se erradique la violencia «del corazón de los individuos».
“El feminismo no es un movimiento contra los hombres”. Con estas palabras, Manuela Carmena lanzó un guiño al género masculino, defendiendo que este movimiento no se dirige contra los hombres, sino que es importante su aportación para el mismo: “Cuidar es un valor absoluto y definitivo y para que la sociedad tenga la capacidad de homogeneizarse, para que la sociedad en si misma sea más feliz, el cuidado es transcendente, es importantísimo, pero no queremos cuidar solo nosotras, queremos que los hombres cuiden también; por eso el feminismo nunca se puede entender como un movimiento contra los hombres”.
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